EXPEDIENTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD TENDRÁN PREFERENCIA EN EL PODER JUDICIAL

  • Acuerdo fue firmado por presidente de la Corte Suprema y viceministro de Poblaciones Vulnerables

El Poder Judicial y el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) suscribieron esta mañana un convenio de cooperación interinstitucional cuya finalidad es hacer más accesible la justicia para este sector de la población en condición de vulnerabilidad.

Dicho documento, suscrito por el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez Tineo y el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Mario Alberto Ríos Espinoza, permitirá insertar a las personas con habilidades especiales en el aplicativo informático de Alerta Judicial de Atención Preferente para Adultos Mayores.

Este sistema funciona de manera semejante a un semáforo, para alertar a los magistrados sobre la preferencia que deben tener los expedientes que involucran también a las personas con discapacidad (PCD) de diferentes edades.

Con este convenio podrán desarrollarse acciones conjuntas para que el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables pueda acceder al listado de las PCD a cargo del Conadis, informó su titular, la juez suprema, Janet Tello Gilardi.

La magistrada explicó que en nuestro país conviven más de un millón y medio de personas con discapacidad, equivalente al 5,2% de la población nacional. De esa cantidad 750 mil 600 son hombres y 820 mil 700 son mujeres.

En tanto que 129 mil 700 personas son menores de 15 años, 651 mil 300 tienen de 15 a 64 años. Del total 794 mil 200 son mayores de 65 años de edad.

El presidente del Poder Judicial destacó la importancia del acuerdo de cooperación al ratificar el compromiso de su gestión por impulsar acciones a favor de las poblaciones más necesitadas y en condición de vulnerabilidad.

En ese sentido sostuvo que resulta necesario firmar próximamente convenios específicos con la finalidad de concretar estos compromisos, llevarlos a la obra y que no queden “en letra muerta”.

El viceministro de Poblaciones Vulnerables dijo que el censo programado para este año permitirá conocer el número exacto de PCD y el grave déficit de accesibilidad que enfrenta nuestra sociedad.

La vigencia del convenio es de dos años y podrá ser prorrogado previo acuerdo de ambas partes.

Lima, 17 de abril de 2017

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