EMPRESAS COMPROMETIDAS EN CORRUPCIÓN PODRÁN RECIBIR SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES A LA VEZ

  • Especialista participa en evento organizado por Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción, que coordina jueza Susana Castañeda Otsu

Las personas jurídicas involucradas en actos de corrupción podrán recibir, de manera paralela, una sanción administrativa y una penal en nuestro país, en virtud de las últimas modificatorias normativas dispuestas por el Poder Ejecutivo, subrayó Nelson Salazar Sánchez, jurista especializado en delitos contra la administración pública.

Tras participar en la III Conferencia Nacional “La Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y su modificatoria”, Salazar Sánchez aseveró –al hacer un análisis del Decreto Legislativo N° 1352 (que entrará en vigencia el 1 de enero de 2018)–, que esa norma regula “responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

“El legislador peruano, de manera consciente o inconsciente, ha regulado una sanción penal contra las empresas”, sostuvo al participar en la conferencia organizada por la Coordinación del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En ese orden de ideas, explicó que las compañías serán responsables penalmente cuando por su organización o estructura actúan de manera contraria a lo que establecen las normas en nuestro país.

“La responsabilidad de las personas jurídicas es autónoma e independiente a las actividades que realizan sus representantes legales o administradores”, subrayó el magíster en Derecho y especialista internacional en materia de sanciones penales contra empresas.

La conferencia fue inaugurada por la jueza Susana Castañeda Otsu, coordinadora del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien indicó que este tipo de actividades son organizadas en el marco de la función de proyección a la comunidad del organismo que lidera.

En el evento participó como panelista Óscar Manuel Burga Zamora, juez superior del Colegiado “A” de la Sala Penal Nacional de Apelaciones.

Lima, 20 de abril de 2017

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