PODER JUDICIAL DESCARTA RESPONSABILIDAD EN DEMORA DE EXTRADICIÓN DE ALEJANDRO TOLEDO

  • Duberlí Rodríguez señala que CAN propondrá creación de la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos

El presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez Tineo, descartó que la Judicatura tenga responsabilidad alguna en la demora para lograr la extradición del exmandatario Alejandro Toledo Manrique, quien permanece en los Estados Unidos pese a tener orden de detención por los denominados casos Ecoteva y Odebrecht.

“Descarto tajantemente que sea responsabilidad del Poder Judicial porque hemos cumplido con emitir la orden de prisión preventiva que entregamos a la Fiscalía, que tiene una unidad de cooperación internacional, y deriva el pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores y este pone en conocimiento del departamento de Estado estadounidense y me parece que allí esta trancado”, anotó.

En ese sentido, Rodríguez Tineo expresó “a título personal” estar a favor de unificar los dos juicios que seguidos contra Toledo Manrique con la finalidad de facilitar su extradición.

Respecto a los procesos seguidos contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, aclaró que el Poder Judicial ha cumplido con dictar comparecencia restringida tal como lo ha solicitado el Ministerio Publico.

“El Poder Judicial no actúa de oficio sino a petición de parte, la Fiscalía no ha pedido detención preventiva en estos casos”, explicó.

ACCIONES DE LA CAN

De otro lado, Rodríguez Tineo, anunció que su primera acción como flamante presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), será actualizar el Plan Nacional Anticorrupción, que tenía una vigencia de cuatro años del 2012 al 2016.

Adelantó que dentro del referido plan propondrá la creación de la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos para ser incluida  dentro de la Nueva Ley de Partidos Políticos que debate el Congreso de la República, la que dependería de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

Explicó que la propuesta planteará la bancarización de los aportes a los partidos políticos, principalmente durante épocas electorales.

“Si una empresa o persona natural desea aportar a algún a agrupación política, debe hacerlo a través de su cuenta bancaria y  no entregar dinero en efectivo”, indicó.

Dijo que otra acción será solicitar a la Contraloría General de la República un informe respecto al número de denuncias por corrupción dentro de la administración pública a fin de determinar cuáles ameritan procesos penales o administrativos.

Lima, 31 de mayo de 2017

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