JUZGADO IMPONE 18 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA A CUATRO REPRESENTANTES DE SOCIAS DE ODEBRECHT

  • Empresarios fueron detenidos esta mañana y permanecen en la Carceleta de Palacio de Justicia

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso esta madrugada 18 meses de prisión preventiva a cuatro representantes de las empresas constructoras Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales S.A., e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), socias de la empresa brasileña Odebrecht.

 

La medida comprende a Fernando Camet Piccone (JJ Camet) y José Castillo Dibós (ICCGSA), ambos investigados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos; a Hernando Graña Acuña y José Graña Miró Quesada (los dos de Graña y Montero), procesados por los delitos de lavado de activos y colusión, respectivamente.

 

Ninguno de los empresarios estuvo presente en la audiencia realizada en la sede de la Sala Penal  Nacional, solo estuvieron sus abogados.

 

Por eso, el juez Richard Concepción Carhuancho, ordenó su búsqueda, ubicación y captura, así como su internamiento en un establecimiento para el cumplimiento de la medida, mientras la Fiscalía concluye con la investigación preparatoria.  

 

Esta mañana, los cuatro investigados fueron detenidos y permanecen en la Carceleta de Palacio de Justicia a la espera de su traslado al penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario.      

 

Por su parte, el magistrado impuso la medida de comparecencia con restricciones (arresto domiciliario) a Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero), investigado por el delito de lavado de activos.

 

El abogado de Ferraro Rey presentó documentos que acreditarían que su defendido está hospitalizado por padecer de cáncer y que será intervenido quirúrgicamente, y luego sometido a sesiones de radioterapia y quimioterapia.    

 

LARGA AUDIENCIA

 

Cabe señalar que el juez Concepción Carhuancho adoptó la decisión después de escuchar ayer los fundamentos de fiscal Hamilton Castro Trigoso para imponer la medida cautelar, así como a la defensa legal de los empresarios.  

 

El representante de la Fiscalía atribuye a los representantes de las citadas empresas haber entregado a favor de Odebrecht US$ 15 millones 083 mil 805 como parte del pago de un soborno al expresidente Alejandro Toledo (equivalente a US$ 20 millones), por la entrega de la buena pro para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

 

Para sustentar su pedido de prisión preventiva, el fiscal presentó diversos elementos de prueba, principalmente, el testimonio del aspirante a colaborador eficaz y representante de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, quien señaló que los representantes de dichas empresas tenían pleno conocimiento del pago del soborno.

 

Castro Trigoso refirió que si bien los empresarios no integran una organización criminal, sin embargo, sí están vinculados con la empresa brasileña, la cual es considerada una organización criminal internacional.   

 

Empero, los abogados Eduardo Alcócer Povis, José Caro Jhon, Róger Yon Ruesta, Sophia Icaza Izquierdo y José Rodríguez Robinson, defensores de los procesados, coincidieron en sostener que no están cumplidos los presupuestos procesales para dictar la medida contra sus defendidos.

 

Rodríguez Robinson, incluso, consideró que el requerimiento fiscal ha sido producto del ”arrinconamiento político” del que es objeto el Ministerio Público con una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y una denuncia de la congresista Yeni Vilcatoma contra el propio Hamilton Castro.

Lima, 4 de diciembre de 2017

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